El segundo informe de Cuba sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual se hizo público hoy en el portal Web del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
El segundo informe de Cuba sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual se hizo público hoy en el portal Web del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Dicho informe establece que para el Estado y la sociedad civil cubana estos delitos son de máxima prioridad, y que existen un conjunto de acciones y medidas encaminadas a elevar su prevención, fortalecer su enfrentamiento, sancionar severamente a quienes incurran en ellos y brindar protección a las víctimas.
Los logros en asistencia social y seguridad ciudadana, el acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y el acceso universal a la cultura, el deporte y la recreación, son algunos de los factores que favorecen la organización de acciones y de enfrentamiento a estos delitos, explica.
Refiere también que Cuba incrementa la colaboración internacional como Estado Parte de los diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos en la materia.
En el texto se expone que el país cuenta con instrumentos jurídicos y penales para enfrentar la trata de personas, el proxenetismo y otras formas de abuso sexual, entre ellos la pornografía y la prostitución infantil.
Sobre el tema de la infancia, explica que la posición adoptada por el Gobierno cubano se encuentra en total correspondencia con la Convención sobre los Derechos del Niño y que en el año 2013 se brindó protección a dos mil 231 infantes víctimas de presuntos hechos de abuso sexual, lo que representa el 0,09 por ciento de la población infanto-juvenil de Cuba.
Agrega también, que durante ese año no acontecieron casos de venta, trata o tráfico de niños con fines sexuales, mientras que las manifestaciones de prostitución con participación de menores de edad fueron mínimas.
El documento hace referencia a la participación de Cuba en los diversos foros de Naciones Unidas como la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
Perteneciente al año 2013, el informe es divulgado cinco meses después de que la Isla fuera incluida arbitrariamente en el nivel tres del informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la trata de personas, categoría que incluye a los países que supuestamente no realizan esfuerzos significativos para combatir este delito.
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